Redacción. La polémica en torno a las macroplantas de biogás y macrogranjas en Castilla y León sigue creciendo. La Plataforma Regional Stop Macrogranjas y Macroplantas acusa a la Junta de Castilla y León de ignorar las preocupaciones de los ciudadanos y priorizar los intereses empresariales. La reciente negativa del Consejero de Medio Ambiente a reunirse con los vecinos afectados, junto con denuncias sobre la falta de transparencia y garantías ambientales, ha encendido aún más la indignación en las comunidades locales. Transcribimos en comunicado a continuación.

La Plataforma Regional Stop Macrogranjas y Macroplantas de Castilla y León denuncia públicamente la falta de compromiso de la Junta de Castilla y León con las preocupaciones de las comunidades afectadas por la proliferación de macroplantas de biogás y macrogranjas.

Mientras los vecinos de localidades afectadas se manifestaban frente a la Consejería de Infraestructuras el pasado martes, el Consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, rechazaba reunirse con los representantes de las plataformas vecinales. En lugar de ello, el Consejero ha priorizado reuniones con los presidentes de la Asociación Española de Biogás y la Asociación Española de Biomasa, evidenciando su alineamiento con los intereses empresariales frente a los de la ciudadanía.

En una reunión celebrada con el Director General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez Blázquez, y el Jefe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, Jaime Fernández Orcajo, los representantes de los vecinos de la comunidad autónoma expusieron su profunda preocupación por el impacto ambiental, social y sanitario de estas instalaciones.

Puntos clave de la reunión

• Emisiones nocivas subestimadas. Los responsables autonómicos mostraron desconocimiento sobre emisiones como ácido sulfhídrico, dioxinas y furanos, típicas de las plantas de biogás. Estas emisiones, sumadas a las generadas por las macrogranjas, aumentan los riesgos ambientales y sanitarios para la población.
• Aumento descontrolado de macrogranjas. Se denunció la relación directa entre la proliferación de plantas de biogás y las macrogranjas, que generan el 90% de los proyectos actualmente en trámite en la comunidad. No se ofrecieron soluciones para frenar esta expansión, y se señaló la permisividad de la Junta para conceder licencias sin considerar los efectos acumulativos.
• Falta de garantías legales y financieras. La Junta insistió en que las plantas cumplen con la Ley de Garantías Financieras, pero los representantes vecinales advirtieron que muchas empresas promotoras son sociedades limitadas con capital social mínimo, lo que deja a las comunidades indefensas frente a posibles desastres, como sucedió en el desastre de Aznalcóllar.
• Carencias en los estudios de impacto ambiental. Se expusieron graves deficiencias en los proyectos publicados en el BOCyL, que incumplen la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y carecen del rigor técnico necesario. La administración admitió que los expedientes se publican con errores y deficiencias que deberían corregirse antes de ser sometidos a información pública.
• Ausencia de normativa específica. Los vecinos cuestionaron la falta de legislación autonómica que regule esta industria y proteja la calidad del aire y el agua. La Junta no ofreció respuestas claras, y lo poco que se sabía era la existencia de un borrador. Sin embargo, un día después, se anunciaba en prensa el Plan Regional del Biometano, que no fue mencionado en la reunión.

La ciudadanía desamparada

El tono displicente del Director General, José Manuel Jiménez Blázquez, durante la reunión dejó a los asistentes con una sensación de abandono. En lugar de abordar las preocupaciones de los ciudadanos, la Junta parece delegar en ellos la responsabilidad de auditar proyectos deficientes y de proteger a sus comunidades.

Exigimos:

• Transparencia en la gestión de estos proyectos.
• La revisión exhaustiva de los expedientes antes de su publicación en el BOCyL.
• Que se dé prioridad a las comunidades locales frente a los intereses empresariales.

Los habitantes de Castilla y León defendemos nuestra salud, nuestro aire, nuestra agua y nuestra tierra. Si la Junta no está dispuesta a hacerlo, será la ciudadanía quien tome la iniciativa.

Este articulo fue publicado el 22 Enero 22UTC 2025 a las 11:58 am y esta archivado en Opinión. Puedes suscribirte a los comentarios en el RSS 2.0 feed. Puedes escribir un comentario, o hacer trackback desde tu propia web.